Primer escenario de crisis en el marco de Frankenstein III. Choque del PSOE de Pedro Sánchez con sus evenruales socios para la investidura. Un debate áspero y votación significativa en torno al llamado 155 digital, el Real Decreto de medidas urgentes para la administración digital. Pretende zanjar la pretensión de la Generalitat de una república digital catalana.
El texto del Gobierno entró en vigor el 6 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales. Fue convalidado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con 50 votos a favor del Partido Socialista (PSOE) y el apoyo de Partido Popular (PP) y Ciudadanos. Podemos se abstuvo con sus ocho representantes. Los partidos nacionalistas y Vox sumaron 10 votos en contra.
La necesidad urgente del Real Decreto fue defendida en la Diputación Permanente por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Pero tuvo el rechazo de todos los socios políticos que busca el PSOE (Unidas Podemos, PNV, Más País, ERC, Juntos por Cataluña y EH Bildu).
"Vulnerar los derechos digitales de los ciudadanos catalanes no le saldrá gratis a Pedro Sánchez. Hoy ha puesto una piedra muy gorda encima de la mesa a la hora de hacer mucho más difícil su investidura", avisó el consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Puigneró, de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya, JxCat).
Joan Baldoví, de Compromís, lamentó que con ese decreto se pueda llegar a intervenir Internet en España como en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak y cuestionó las prisas.
Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, dijo que el Gobierno pretende favorecer un “estado de excepción digital”. Sentenció que con ese decreto “se amplía la ley mordaza a las nuevas tecnologías”.
Laura Borrás (que se perfila como la figura clave de Carles Puigdemon), de JxCat , calificó con desprescio el proyecto de “ley Corcuera digital”, con la que se pasa “de la ley de la patada en la puerta a la ley Sánchez de patada al servidor”.
El portavoz del PNV, Mikel Legarda, criticó lo que supone la norma de “intervención de hecho” alegando razones de “seguridad nacional”.
Montserrat Bassa Coll, de ERC, manifestó que ninguna “ofensiva represiva” del Estado “podrá parar el tsunami y la voluntad democrática del pueblo catalán”.
Victor Sánchez del Real, de Vox, rechazó que el Gobierno quiera controlar lo que se pueda opinar al margen de lo que denominan como “la mayoría progre”.
El diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, señaló los puntos que observa negativos de la reforma, relacionados con el intento de recentralización y de controles digitales sin órdenes judiciales, y propuso mejoras para el futuro en el desarrollo legislativo. La ministra Calviño se mostró a favor de estudiarlo. Con esa respuesta, Podemos para pasar del rechazo a la abstención.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, tachó el decreto de “chapuza legislativa” pero avanzó su apoyo por la necesidad de vigilar la ciberseguridad. En su intervención llamó a buscar una mayoría constitucionalista más amplia, de hasta 221 escaños, con el Partido Popular y Ciudadanos.
La diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, calificó la jornada de "durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo”.
¿Qué significó lo sucedido en el Congreso de los Diputados, en la Diputación Permanente?
El texto del Gobierno, que entró en vigor el 6 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales, fue convalidado con 50 votos a favor del PSOE y el apoyo de los diputados de PP y Ciudadanos. Por lo pronto, en un escenario de incógnitas, dejó en evidencia la debilidad de los apoyos con los que Pedro Sánchez pretende ser investido en las próximas semanas.
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