En abril de 2002 Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. En la actualidad, la eutanasia es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia.
El pleno del Congreso aprobó la ley de eutanasia, que se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. Podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La Cámara ha aprobado la ley con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.
Los diputados de Vox han exhibido sus dispositivos móviles con la leyenda: "La derogaremos". La presidenta Meritxell Batet se ha dirigido a los representantes deVox para recordarles que está prohibido exhibir pancartas en el hemiciclo. "No se puede hacer uso de pancartas, lo han expresado lo suficiente; y les pido, por favor, continuar con las votaciones", señaló.
PP, Vox, UPN y Foro Asturias han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional la ley de eutanasia.
El diputado del PP José Ignacio Echániz ha señalado que la ley de eutanasia es un "capricho político" del Gobierno que carece de "rigor sanitario" y que se ha tramitado sin contar con la opinión de la sociedad española.
Lourdes Méndez, diputada de Vox, ha explicado que registrarán una ley de cuidados paliativos para que los pacientes puedan morir de una forma "digna" y ha tachado la ley de eutanasia de "dictatorial y autoritaria".
El exdirigente del PP y miembro de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha lamentado que la ley de eutanasia "socializa el mal" entre los médicos, los pacientes y la familia, y ha asegurado que no pararán hasta que se derogue.
También ha mostrado su apoyo a la tramitación del recurso de anticonstitucionalidad el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que ha subrayado que la nueva norma va contra "la esencia de la medicina y el código deontológico" de los profesionales sanitarios.
La ley de eutanasia no ha tenido en cuenta el informe negativo del Comité de Bioética de España o la opinión contraria de la Organización Médica Colegial. En él Congreso, durante su tramitación, no se han escuchado las voces de los profesionales, ni de los enfermos crónicos, ni de las personas con discapacidades severas. Tampoco se ha abordado el tremendo déficit de los cuidados paliativos en España. La nueva normativa que permitirá la muerte asistida incluye la creación de una lista negra donde figuren los médicos que se nieguen a practicarla.
El rechazo de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su rechazo a esta ley, que "ataca a la dignidad humana", y ha subrayado las siguientes cuestiones:
1. Una tramitación acelerada en tiempos de pandemia.
2. Atenta contra la dignidad humana.
3. La eutanasia, una visión individualista del ser humano.
4. En contra de los principios sanitarios.
5. Pocos fondos destinados a los cuidados paliativos.
6. El Papa Francisco, defensor de los cuidados paliativos.
7. Enseñar a los médicos a consolar.
8. La experiencia poco satisfactoria en otros países.
9. La ley de la eutanasia, una derrota social.
El marco de la ley de la eutanasia
¿Qué permitirá la nueva ley de eutanasia?
La ley de eutanasia permitirá a las personas mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" solicitar la ayuda para morir.
¿Cuándo entrará en vigor la ley de eutanasia?
Esta nueva ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y permitirá el acceso legal a la muerte asistida en nuestro país a partir del mes de junio.
¿Quién puede solicitar la eutanasia?
Según la nueva ley de la eutanasia, puede tener acceso a ella todo aquel que tenga la nacionalidad española o residencia legal en España. También debe tener la mayoría de edad y ser capaz y consciente en todo momento de la solicitud, a su vez, esta puede ser retirada cuando el solicitante lo desee.
Estos son los requisitos esenciales, pero aparte, el paciente debe tener toda la información médica sobre su proceso y conocer todas las alternativas a este. Tiene que haber rellenado dos formularios (con 15 días entre sí) de manera voluntaria dejando claro su consentimiento y el médico debe certificar que sufre una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante.
Regulación
A partir de la solicitud del paciente sobre su voluntad para que le ayuden a morir, el profesional, tendrá 10 días para decidir si seguir este proceso o no. Para regular esto, cada comunidad autónoma tendrá una Comisión de Evaluación y Seguimiento para un primer control y después se realizará un segundo revisando todo lo anterior.
Últimos pasos
Si el paciente sigue plenamente consciente, volverá a dar su consentimiento para que se lleve a cabo el trámite y el médico profesional a su cargo se quedará junto a él hasta el momento de su muerte, así como el resto de los profesionales sanitario, tratándose de eutanasia. Si, por el contrario, se trata de un suicidio asistido, el propio paciente será quien se administre la sustancia y estará en observación hasta el momento de su fallecimiento.
Si el propio paciente no está en condiciones de pedir la eutanasia debido a una discapacidad, pero ha podido dejar por escrito su deseo, el familiar que ejerce de representante legal podrá seguir todo el proceso anteriormente descrito.
Particularidades y excepciones
Como excepción, si el médico considera que no va a vivir el paciente lo suficiente para superar todo el proceso, se podría adelantar pero con un control posterior.
En ninguna circunstancia podrá hacer uso de la eutanasia un menor ni sus padres podrán pedirlo para este.
El proceso podrá realizarse tanto en un hospital como en un domicilio, pero no podrá ser en una residencia.
Por otro lado, la ley dictamina que los sanitarios tienen el "derecho individual a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones", sin embargo son las Comunidades Autónomas las que deben garantizar al paciente dicha prestación.
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