La juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, decretó prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel. La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial. La orden de prisión se dictó a la 1:45 horas de la madrugada, tras una sesión de 13 horas de declaración.

 Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración. En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero Gaspar Zarrías y a la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno.

Un giro en los ERE

Hasta ahora tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán reconocieron casos de corrupción y los achacaron a funcionarios con pocos escrúpulos. El caso de los ERE cambió sin embargo de forma total con las declaraciones de Guerrerro apuntando directamente a Chaves, Griñán y los consejeros del Gobierno andaluz en relación a unos fraudes en los que estaban implicadas diversas consejerías, agencias y empresas dependientes de la Junta.

Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta, declaró -como destacó Hechos de Hoy- ante la juez Alaya sobre el caso de los ERE que "nadie del Gobierno andaluz puede decir que se hizo a sus espaldas". Guerrero afirmó que su jefe, José Antonio Viera, ex consejero de Empleo y ex secretario del PSOE de Sevilla, controlaba todas las decisiones que afectaban a su provincia, al igual que Gaspar Zarrías supervisaba todo lo relativo a Jaén.

El caso de los ERE mostró de forma descarnada que el PSOE montó en Andalucía un entramado de corrupción de arriba a abajo para desviar fondos públicos a sus militantes y familiares, que se beneficiaban de prejubilaciones fraudulentas o de créditos y ayudas que se concedían sin ningún control. La declaración de Guerrero, en prisión sin fianza, mostró que Chaves y Griñán tienen una responsabilidad política en la comisión de delitos de sus consejeros y sus altos funcionarios, que no actuaron aisladamente. Al abrirse la campaña, fuerte escándalo que augura, por primera vez en la historia de la democracia, un fin de ciclo en el feudo político del PSOE