En diciembre 2017, Angel Rondón Rijo fue inculpado por corrupción y violación de derechos humanos por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) que opera como una especie de División dentro del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. En ese momento se interpretó la medida como un repudio a los planes reeleccionistas de Danilo Medina. En junio de 2018, las mismas entidades, producen otra sanción contra el senador PLD por San Juan, Felix Ramón Bautista Rosario; decisión que, algunos piensan, busca detener las aspiraciones a la nominación por el PLD de Leonel Fernández.
En ambos casos, se persigue a estas personas por corrupción, se confiscan bienes a los que tengan acceso los norteamericanos; se les despoja del visado a ellos y sus familiares al tiempo que se prohíbe hacer negocios con las compañías identificadas y listadas como de su propiedad.
¿Qué carajos está pasando? ¿De dónde vienen estas acciones y qué sustento legal tienen? ¿Qué alcance pueden tener, qué significan y cuáles son sus implicaciones?
Años atrás, algunos jefes militares, figuras políticas y funcionarios de cierta importancia vieron sus visas canceladas. La prensa local no se ocupó de averiguar mucho y optó por deshacerse de la noticia lo mas pronto posible. De hecho, la supresión del visado se supo porque la divulgaron las mismas autoridades del consulado; de lo contrario, hubieran sido rumores. La prensa dominicana, al igual que la Procuraduría General de la República no investigan sino que encubren, en esta ocasión a Danilo Medina como antes lo hicieron con Leonel Fernández y como suelen hacerlo con cualquier empresario o político poderoso con lo cual y paradójicamente dañan sus propios intereses.
Los cargos formulados y las medidas decididas contra Angel Rondón y Felix Bautista están avaladas por El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Oficina del Procurador General (Attorney General) según la denominación USA y el Departamento del Tesoro; la actuación involucra cuatro ministerios y un esfuerzo de coordinación al mas alto nivel del gobierno de los Estados Unidos.
Magnitsky Human Rights and Accountability Act fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 2012 para combatir y perseguir la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Rusia; fue ampliado en el año 2016 para que dicha persecución pudiera efectuarse contra cualquier persona o entidad de cualquier país. Ahora, se llama Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act. Es la figura jurídica que ampara las Ordenes Ejecutivas número 13818 emitida por Donald Trump que sustentan las acciones tomadas.
Los sujetos o entidades contra los cuales se aplican medidas de congelamiento de activos, suspensión de visados, prohibición de hacer negocios, aceptar depósitos en banco etc. quedan literalmente inhabilitados y desacreditados políticamente.
Pero en el caso dominicano hay una salvedad extremadamente importante. Mientras muchos hablan en privado sobre una supuesta o real lista de personajes del gobierno y empresarios contra los cuales se aplicarían estas medidas según vaya siendo necesario, la verdadera cuestión para la nación dominicana es esta: ¿dónde, en que posición legal, política, social, histórica y jurídica queda el señor Danilo Medina quien funge como Presidente de la República Dominicana? ¿En que posición queda el gobierno dominicano como tal?
La “justicia dominicana” exoneró a Felix Bautista en abril del 2015 y el procurador afirmó que ningún presidente dominicano estuvo comprometido con la trama Odebrecht,. El mismo embajador en funciones de los EE. UU. en nuestro país Robert Copley dijo en su discurso ante la Cámara Americana de Comercio en noviembre de 2017 que: “los dominicanos están hartos de tanta corrupción”; los americanos también están hartos de Medina me permito añadir.
En cualquier país del mundo, civilizado o no, una situación como esta probablemente no se hubiera presentado, ya hubiera renunciado el presidente, o encarcelado a los ministros. En todos los países hasta ahora mencionados en la trama ODEBRECHT ha habido consecuencias excepto en este, justamente donde esa misma empresa instaló su centro o cuartel general de “operaciones estructuradas” y no lo montó en un solar ni en un edificio vacante sino en el mismo Palacio Nacional, al lado del señor Medina y con la anuencia y colaboración de este.
El jefe de las operaciones ilegales de Odebrecht, Joao Santana, fue designado en febrero del año 2016 por Danilo Medina como su asesor mas importante.
La gente del PLD cuyos actos de corrupción vienen ahora sancionados por un gobierno extranjero no pensaron que esto sucedería. La certeza de la impunidad local les impidió apreciar lo internacional; numerosos países han tomado medidas mas o menos serias sino para erradicar, al menos para controlarla puesto que, tanta corrupción, ya interfiere con la gobernabilidad. Ese es uno de los riesgos que los propios EE. UU. advierten en el caso dominicano.
EE.UU., aunque enojado con Medina y con Fernández no actúa por capricho. No es nada “personal”. Es un asunto de gobernabilidad en peligro. Somos una isla con mas de 20 millones de personas, demasiado gente pobre, demasiado droga, demasiado desorden, una quiebra institucional masiva.
EE.UU. no quiere al PLD claro está, pero tampoco tiene alternativas creíbles y aceptadas por el electorado a las cuales favorecer. Tienen información comprometedora y la están usando a discreción, cuando es necesario, cuando puede producir el efecto buscado.
Deslegitimizado y desautorizado el gobierno dominicano no puede imponer el orden ni impartir la justicia que la población le demanda inútilmente. Los partidos de oposición parecen una caricatura de lo que deberían ser. Se avecina una crisis de deuda local y una gran crisis global. Haití es un problema. La insubordinación de la gente es una amenaza. El avance de los vándalos indetenible.
EE.UU. no quiere otra Venezuela donde adversa al gobierno y no puede confiar en la destreza ni idoneidad de la oposición. No quiere alborotar mas una isla binacional con mas 20 millones de personas. En abril de 1984, cientos de personas murieron en los barrios periféricos. En la próxima poblada, esos pobres van a invadir los barrios de ricos y a incendiarlos y a saquearlos. La sangre va a correr a raudales. Sépanlo.
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