El juez Baltasar Garzón comenzó a declarar como acusado de prevaricación en el caso del franquismo después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo rechazara todas las cuestiones previas planteadas por su defensa. Baltasar Garzón se negó a contestar a las preguntas de los acusadores y va a responder sólo a su defensa y al fiscal, que le apoya.

El Tribunal Supremo consideró que el escrito de acusación presentado por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad es válido para la celebración del juicio. Se solicitan 20 años de inhabilitación para Baltasar Garzón por comenzar unas diligencias sobre los desaparecidos en el franquismo sin competencia legal para ello, eludiendo la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica.

La "doctrina Botín" y la "doctrina Atutxa"

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó por tanto las alegaciones del juez Baltasar Garzón, que solicitó el archivo de las actuaciones por errores en la tramitación de la causa y en los escritos de acusación, y decidió proseguir con el juicio que se está celebrando contra el magistrado por su investigación de los crímenes del franquismo. 

Los siete magistrados del tribunal, presididos por Carlos Granados, anunciaron al comienzo de la segunda sesión del juicio contra Garzón que habían decidido "por mayoría" rechazar las cuestiones previas planteadas tanto por la defensa del juez como por la Fiscalía. El Tribunal Supremo proseguirá por lo tanto con el juicio contra Baltasar Garzón y dictará sentencia al final de la vista oral.

Garzón y la Fiscalía solicitaron el pasado martes, en la primera jornada del juicio, la aplicación de la "doctrina Botín", al entender que la acusación popular ejercida de forma conjunta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad no tiene "legitimidad procesal" para impulsar en solitario un juicio contra él.

La defensa de Garzón, también con el apoyo del Ministerio Público, solicitó de forma complementaria que se declarase la nulidad de todo lo actuado y que se acordase el archivo de la causa por la "actuación irregular" del instructor de la causa, Luciano Varela, quien "tomó partido", "perdió su imparcialidad" y "asumió el papel de acusador".

La representación del acusado subrayó en este sentido el auto dictado el 20 de abril de 2010, en el que Varela pidió a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS -que fue finalmente expulsada- que presentasen nuevos escritos de acusación ante los errores que habían cometido.

Por último, la defensa de Garzón sostuvo que, a pesar de las correcciones, el escrito de acusación de Manos Limpias y Libertad e Identidad sigue sin cumplir "los mínimos requisitos legales". El escrito que ha sentado a Garzón en el banquillo de los acusados "contiene un sesgo muy peyorativo" y en él "no existe precisión sobre los hechos concretos" que se le atribuyen al juez suspendido cautelarmente.

Los magistrados de la Sala de lo Penal decidieron rechazar todas estas cuestiones previas. "Sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados, los actos que se han producido no tienen entidad material suficiente para la nulidad", señala la resolución sobre la instrucción de Varela. Los magistrados han establecido, además, que los "escritos de acusación son suficientes para entender formulada una imputacion". Además, rechazaron aplicar a Garzón la "doctrina Botín". Los magistrados han optado por aplicar al juez la "doctrina Atutxa".

En la doctrina Botín, el Tribunal Supremo determinó que un procedimiento no puede seguir adelante sólo con la acusación popular, cuando ni el fiscal ni el perjudicado directo ejercen ese derecho. En el caso de Atutxa , el Tribunal Supremo estableció que sí basta con la acusación popular para llevar a juicio a personas acusadas de delitos en los que no puede existir un perjudicado directo, como es el caso del delito de prevaricación. 

La doctrina Atutxa permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgar y condenar a un año y medio de inhabilitación al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. El dirigente del PNV fue condenado en abril de 2008 por un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario que Batasuna tenía en la Cámara de Vitoria en una causa en la que la Fiscalía no ejerció la acusación.

En contra de este criterio, el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el marco de la causa por las cesiones de crédito de la entidad bancaria al entender que si en una causa ni el fiscal ni el perjudicado directo acusan, no basta la petición de la acusación popular para iniciar un juicio y sentar a los acusados en el banquillo.

Las escenas de apoyo a Garzón se repitieron ante el Tribunal Supremo. Medio centenar de personas se manifestaron coreando gritos como "hay que juzgar al franquismo criminal" o "tenemos memoria, queremos justicia". El magistrado llegó a la sede del Tribunal Supremo acompañado de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda. Garzón fue recibido por los aplausos de sus simpatizantes. Hasta el Tribunal Supremo también se acercaron los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Santiago Pedraz así como la fiscal Dolores Delgado.

El clan de la zeja

El proceso al juez ha tenido las vísperas de una lamentable manifestación en la que miles de personas arremetieron contra la Justicia, con insultos como el de "fuera fascistas del Supremo", gritos lanzado contra sus magistrados.

No se trataba de una manifestación de ciudadanos. Los protagonistas fueron personajes de la escena de la cultura -el llamado clan de la zeja- junto a sindicalistas y políticos de IU y PSOE, entre ellos Cayo Lara. En medios políticos y jurídicos, hubo rechazo con pesar a esta hostilidad y acoso contra el Tribunal Supremo. Y sorpresa también tanto por la participación de líderes políticos como sindicales en este acoso.

Como apuntó Hechos de Hoy, quienes le defienden insisten en que un sector de la justicia se la tenía guardada y no paró hasta verle en el banquillo juzgado por el Tribunal Supremo. En este proceso sin duda está en juego la carrera de Baltasar Garzón