La Casa Blanca anunció una demanda contra la ley antiinmigrante del estado de Arizona porque considera que es anticonstitucional e interfiere con la autoridad federal.

Se abrió así un pulso peligroso para el presidente con la gobernadora Jan Brewer. "La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país", explicó la Administración en su demanda, presentada ante un tribunal federal en dicho estado fronterizo con México.

La inmigración ilegal, un delito

La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de este país, la inmigración ilegal como un delito estatal. La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir del 29 de julio.

La ley de Arizona obliga a la policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos.

Dos millones de hispanos en Arizona

En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460.000 son indocumentados. Cualquier ciudadano de Arizona puede presentar una demanda contra la policía, o contra otro funcionario estatal, si considera que no cumple con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.

La ley ya ha provocado la presentación de iniciativas similares en otros estados y ciudades. El texto ya fue impugnado ante los tribunales por organizaciones civiles, una moción apoyada por el gobierno mexicano.

El asesinato de un ranchero, la chispa

La ley SB 1070 es apoyada por un 62% de la población estadounidense, según un sondeo reciente. El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente preocupación por el posible desbordamiento de la violencia del crimen organizado del lado mexicano. El asesinato de un ranchero en su propiedad cerca de la frontera, poco antes de la aprobación, soliviantó aún más los ánimos, aunque según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) no se ha constatado un aumento real de la violencia criminal en Arizona.

Obama calificó desde un principio a la ley SB 1070 de "iniciativa errónea" y señaló que la única forma de afrontar el problema de los casi 11 millones de indocumentados en el país era mediante una reforma integral.