Primero ataque frontal contra el diario El Universo, luego Ley mordaza y, a la vez, el puño del presidente contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, que desvela el poder de Fabricio, el hermanísimo. En el libro de investigación se desvelan millonarios contratos presuntamente suscritos con el Estado por parte de empresas de Fabricio Correa. Fabricio habría asegurado, según se señala en este libro, que su hermano Rafael conocía estos contratos.

Ambos periodistas fueron condenados al pago de un millón de dólares cada uno como indemnización al presidente.  Además está pendiente -como destacó Hechos de Hoy- la audiencia que debe ratificar o revocar la sentencia de 40 millones de dólares y tres años de cárcel contra el diario El Universo.

Ahora, tras la publicación del Código de la Democracia en Ecuador, los medios de comunicación sufrirán restricciones en la cobertura periodística de las elecciones del país. Se vetará cualquier tipo de apoyo o promoción de partidos políticos y candidatos durante campaña electoral.

Los temores se cumplieron

Los temores de muchos periodistas se han hecho finalmente realidad. A partir del lunes, los medios de comunicación sufrirán restricciones en el desarrollo de su labor periodística durante las campañas electorales ya que el Gobierno de Rafael Correa ha legislado en contra de la libertad de expresión a través de la puesta en marcha del Código de la Democracia, una reforma de carácter electoral que se publicó en el Registro Oficial. Así, en la nueva norma, que muchos califican como Ley mordaza, se establece que durante las campañas electorales los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política”.

La nueva reforma electoral no sólo compete a los ámbitos relacionados con la cobertura mediática de comicios pero es en este campo en el que ha despertado más discrepancias. El presidente de Ecuador, principal promotor de la normativa, defiende que con ella se asegurará que los medios se limiten a informar y no se conviertan en “actores políticos”.

De esta manera, Rafael Correa niega a la labor periodística uno de sus funciones fundamentales como es la de creación de opinión pública a través de la publicación de información veraz y opiniones que se sitúan dentro de los ámbitos inherentes a la libertad de expresión. Correa, quien desde que comenzó su mandato en 2007 se ha dedicado a atacar tanto a la oposición como a los medios cercanos a través de un programa semanal emitido en radios y televisión pública, ha conseguido al fin poner en marcha una norma que pretende limitar las críticas hacia su gestión.

Como cabía esperar, tanto la oposición como asociaciones de prensa ecuatorianas e internacionales han mostrado sus discrepancias con una norma que recorta ámbitos de opinión pública. El bloque opositor, Alianza Libertad, anunció el mismo día de entrada de vigor de la ley que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. En este sentido Marco Murillo, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de dicho bloque, ha denunciado que las medidas propuestas por Correa y apoyadas por el oficialismo en el órgano legislativo “limitan la información de manera absoluta a la ciudadanía, que no podrá conocer a los candidatos”.

Ahora sólo queda esperar para ver si finalmente se hace efectivo el Código de la Democracia. En caso de que se quisiera poner en marcha durante la próxima campaña presidencial, el Consejo Electoral Nacional tendría que retrasar las elecciones previstas para 20 de enero de 2013 ya que la Constitución del país impide que se apliquen reformas de carácter electoral durante el año anterior a las votaciones.

Preocupados por la censura previa

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) expresó a través de su presidente, Vicente Ordóñez, que “lo establecido en la reforma del Código de la Democracia que contempla reformas de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas es sumamente grave pues se coartará el libre trabajo periodístico y se constituirá en una censura previa”. Además, la UNP considera que la reforma viola las libertades fundamentales de opinión y de expresión. 

- Ignacio Rubio es periodista y Máster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid.