Bajo el título de Stateless (sin Estado), The Economist analizó lo que fue la larga batalla (no cerrada) de la vida de Sonia Pierre, figura respetada y apreciada en Estados Unidos por su defensa tenaz de los derechos humanos. Pese a que República Dominicana obtuvo la independencia frente a Haití en 1844, la revista británica recuerda que los continuos conflictos con su país vecino han llevado a un enfrentamiento social de difícil solución.

El embajador de República Dominicana en Estados Unidos, Aníbal de Castro, puntualizó este análisis en una carta al director de la revista que, por su interés, recogemos íntegra para los lectores de Hechos de Hoy:

"Su artículo, Sin Estado en Santo Domingo, afirma erróneamente que República Dominicana ha cambiado recientemente su política de ciudadanía, que implica que los hijos de padres haitianos ilegales han sido objeto de ataques deliberados y discriminatorios.

Sin embargo, los principios que rigen las reglas de ciudadanía de República Dominicana han estado en vigor desde 1929. A partir de ese año, el principio de jus soli contenidos en la Constitución de la República Dominicana ha sido calificado por el párrafo 1, artículo 11, que excluye de adquirir la nacionalidad dominicana a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en misiones diplomáticas o en tránsito.

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha dictaminado en varias ocasiones sobre el tema de los hijos de inmigrantes ilegales, cualquiera que sea su origen, lo que confirma que si los hijos de padres legalmente en tránsito están excluidos de forma automática la adquisición de la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no puede beneficiarse de un mejor derecho. Sin embargo, a pesar de su afirmación a lo contrario, lo apátrida no está en cuestión aquí. Dado que el artículo 11 de la Constitución haitiana establece que "Toda persona nacida de padre haitiano o de madre haitiana que quienes a su vez son haitianos de origen y que nunca han renunciado a su nacionalidad posee la nacionalidad haitiana en el momento del nacimiento," las personas nacidas en territorio dominicano de padres haitianos no son apátridas.

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, también se ha pronunciado para afirmar la legalidad de las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral desde el año 2007 para detectar y corregir el elevado número de irregularidades que plagaban el Registro Civil. Esta urgente tarea se hace más ardua por las debilidades amplias que afectaban el proceso de registro. Esto ha generado una serie de situaciones ilegales y potencialmente peligrosas, desde el uso por jugadores de béisbol de certificados fraudulentos de nacimiento para ocultar su verdadera edad, hasta criminales que han adquirido identidades múltiples a través de documentos falsificados. También han enmascarado anteriores irregularidades en la expedición de certificados de nacimiento a los hijos de padres extranjeros que han probado su residencia o estatus legal en República Dominicana.

La Junta Central Electoral tiene el mandato de investigar las presuntas irregularidades en el Registro Civil y los someterán al escrutinio de los tribunales. La investigación, y la futura posible anulación, de un documento de registro civil, tales como un certificado de nacimiento, no contravienen la legislación nacional. Ni viola los compromisos internacionales de derechos humanos contraídas por República Dominicana, si los afectados tienen derecho a una nacionalidad diferente. Como parte de su mandato de transparencia, la Junta Central Electoral evaluó, por petición de una ONG local, una serie decisiones de suspender, en espera de investigación, la emisión de copias de certificados de nacimiento. El número de casos presentados a la Junta fue de 120, no 457. De estos, 80 han sido contestadas y 20 regresadas a los peticionarios, debido a la falta de documentación suficiente.

No se puede pedir a República Dominicana asumir las consecuencias de las graves deficiencias que aquejan al Registro Civil de Haití. Ni tampoco se puede esperar, como en efecto se ha dicho en muchos de los comentarios provocados por su publicación, que se soportare el peso de los costos humanos y económicos de la grave situación que enfrenta el pueblo haitiano, para la cual no ven una solución mejor que emigrar a través de una frontera muy porosa a República Dominicana".