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El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, presentó las cifras y justificó la acción de la policía contra los manifestantes porque las marchas no fueron autorizadas por el Ministerio del Interior. El jueves, Chile vivió la jornada de protesta más intensa desde que se instauró la democracia. Miles de personas en las calles de varias ciudades se enfrentaron a la policía y en Santiago, las escenas recordaban la represión ejercida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Cientos de chilenos se unieron a estudiantes y profesores en una gran cacerolada contra el Gobierno de Sebastián Piñera, que también secundaron en zonas céntricas los automovilistas con sus bocinas. La violencia se desató cuando los estudiantes de secundaria intentaron realizar una marcha en Santiago prohibida por el Ministerio del Interior.
Los miembros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores tomaron las calles ante la negativa del Gobierno de Piñera a su autorización. Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior declaró que “un grupo de violentistas, no sólo intentaron paralizar el centro de Santiago, sino que a última hora saquearon y quemaron" un local de la empresa La Polar.
La Confech dio el jueves un ultimátum al Gobierno para que presente una nueva propuesta que responda a sus demandas, la tercera desde que comenzó la crisis en mayo. Patricio Contreras, portavoz de la organización estableció un plazo de seis días desde el jueves para que el Gobierno de " respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas”.
El portavoz del Gobierno recordó que el lunes se hizo llegar a los sectores en conflicto un documento de 21 puntos sobre el que aún los estudiantes no respondieron. "Esperamos que los dirigentes respondan con seriedad, por eso vamos a esperar lo que ocurra y de ahí vamos a decidir las acciones que el gobierno tiene que emprender", dijo Chadwick.
A comienzos de julio, el presidente chileno anunció la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares (2.797 millones de euros) en el marco de "un Gran Acuerdo Nacional por la Educación" para mejorar la calidad, acceso y financiación de la educación superior. La propuesta no convenció a los estudiantes, que exigen más recursos para la educación, abaratar los precios del transporte público y mejorar los créditos de los universitarios para financiar sus carreras, entre otras reivindicaciones.
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CAÍDA Y FUGAS
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DEJAR ATRÁS LA VIOLENCIA
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