Los vientos huracanados de la ola de frío siberiano descargaron con fuerza en el corazón de Madrid, junto a la Plaza de Colón, en Las Salesas, la sede del Poder Judicial.

 El Tribunal Supremo condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación. El juez, en una dura nota, señaló que rechaza frontalmente la sentencia. Para Javier Moreno, director de El País, "Garzón, neutralizado" según sentenció el editorial del grupo Prisa. Para Pedrota Ramírez, director de El Mundo, "Garzón actuó como si fuera juez de Pinochet".

Sobre esta tormenta de posturas, declaraciones y ataques -incluida la durísima nota de Baltasar Garzón, como destacó Hechos de Hoy-, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, quiso defender su posición defendiendo la "absoluta independencia e imparcialidad" de la resolución por la que el juez Baltasar Garzón es inhabilitado. Criticó a la vez los "ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento" el proceso.

Dívar aludió así a las reacciones que ha generado la sentencia, algunas resistiéndose a acatar el fallo tras un "proceso judicial transparente y lleno de garantías". "Son de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales", dijo Dívar, subrayando "que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo".

Divar recalcó que estas opiniones deslegitiman la institución y desacreditan a sus componentes, a los que se atribuye "otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de Derecho".

El comunicado íntegro de Dívar

"La Presidencía del Tribunal Supremo y del CGPJ, ante las reacciones producidas tras la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, notificada hoy (jueves), y desde su más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, quiere manifestar:

1.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el legítimo ejercicio de sus competencias y con absoluta independencia e imparcialidad, ha dictado por unanimidad esta resolución que pone fin a un proceso judicial trasparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce.

2.- Son, por tanto, de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuye otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho.

3.- Conviene resaltar finalmente la función primordial que un Poder Judicial independiente desempeña en el Estado democrático y de derecho para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y para asegurar que la aplicación de la ley sea igual para todos".