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México, Centraomérica y la cuenca del Caribe -especialmente República Dominicana que sigue esta cuestión con especial atención- saludaron la decisión de la jueza federal estadounidense Susan Bolton de bloquear las partes más polémicas de la ley antiinmigrantes del estado de Arizona, pero coincidieron en la necesidad de más acciones hasta su derogación.
La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Barack Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entra en vigor sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal dentro de Estados Unidos.
Susan Bolton, jueza federal de Phoenix, Arizona, suspendió las partes de la ley que pedían a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de no tener documentos, ya que "probablemente afecte a inmigrantes legales", en el estado fronterizo con México donde viven unos 2 millones de hispanos.
La reacción en países que aportan millones de personas a la corriente migratoria desde el sur no se hizo esperar, encabezada por el Gobierno, el Congreso y diversas ONG de México. "Es un primer paso en la dirección correcta", dijo la ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, antes de agregar, reflejando la petición de una decena de países latinoamericanos, que su gobiero seguirá pendiente del proceso "hasta que se produzca la declaración de una inconstitucionalidad".
El Congreso mexicano, en un pronunciamiento suscrito por todos los partidos políticos representados, señaló el "reconocimiento a la decisión de la jueza que respondió la suspensión de la entrada en vigor de las secciones 2, 3 y 6 artículo 4 y 5 de la ley SB 1070" en Arizona. El texto hizo hincapié en que los congresistas se mantendrán atentos "al desarrollo de las acciones legales que conduzcan a la suspensión definitiva de esta legislación".
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