El Consejo de Ministros aprobó este viernes dos reales decretos y dos acuerdos para racionalizar la estructura de la Administración General del Estado. Entre las medidas que se tomarán está la reducción de alrededor del 10% de los altos cargos. Además, desaparecen 29 empresas públicas.
Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se suprimen 32 altos cargos de los 343 que hay en la actualidad.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que las distintas iniciativas permitirá un ahorro directo de 16 millones de euros al año, a lo que habrá que sumar una cuantía indirecta aún por determinar sobre el propio funcionamiento de los ministerios una vez se hayan llevado a cabo los cambios previstos.
Según el Gobierno, en el plazo máximo de tres meses estarán adoptadas las nuevas estructuras ministeriales. En todo caso, los cambios que se refieren al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y al conjunto de las secretarías de Estado se retrasarán hasta el 30 de junio, por la Presidencia española de la UE.
Así, por ejemplo, en Presidencia del Gobierno se suprime la Dirección General de Política Económica, Dirección General de Infraestructuras y Seguimiento para Situaciones de Crisis y el Departamento de Educación y Cultura.
En otros departamentos, destaca la eliminación de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información o la Secretaría General de Financiación Territorial. Mientras, en el Ministerio de Igualdad se unen la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y la Dirección General contra la Discriminación.
Para De la Vega, esfuerzo y sacrificio
Además, con la aprobación del Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal que afectará a 106 empresas con el que se suprimen 80 cargos directivos y 450 puestos de consejeros en las empresas públicas y entidades públicas empresariales. También se eliminará el 15% del número de consejeros de aquellas sociedades del sector público empresarial que cuenten con un Consejo de Administración con más de seis miembros.
Mientras, la revisión "en profundidad" que el Gobierno va a hacer de los grupos empresariales públicos dará como resultado la desaparición, por fusión o extinción, de 29 empresas públicas. De las 14 extinciones de empresas públicas que se van a llevar a cabo, 13 son de la SEPI y una en Vivienda. De las 24 empresas afectadas por fusiones, 17 son en Patrimonio, 5 en SEPI y 2 en Fomento.
El Gobierno, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, realizará un seguimiento permanente de la aplicación estas medidas y elevará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2011. De la Vega quiso dejar claro que ningún ministerio de los afectados ha puesto impedimento a esta reestructuración, si bien reconoció que se ha hecho un "sacrificio" y supone un "esfuerzo".
"Todo el mundo ha hecho un esfuerzo y resistencia ninguna. Colaboración toda y agradecimiento absoluto a todos", afirmó la vicepresidenta primera.
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